EN EL PUNTO DE MIRA

¿Cártel gasolinero?

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2018  
¿Cártel gasolinero?
24-OCTUBRE-2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha elaborado un informe crítico con el sector de distribución de carburantes en España donde resalta que las petroleras han incrementado sus márgenes aproximadamente un +20% (tanto en gasolina como en gasoil) desde el inicio de las crisis en 2007-2010. El informe destaca que la subida del margen bruto de distribución se ha dado a pesar de la contracción de demanda en los carburantes.

Los precios del litro de gasolina y de gasóleo siguen marcando nuevos máximos históricos en España, coincidiendo con la vuelta de vacaciones y con la subida del IVA, lo que llevó al ministro del ramo hace unas semanas a calificar de "inasumible" y "desmesurado" el incremento, a la vez que anunciaba que se había pedido a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) una investigación sobre el precio de los carburantes, al constatarse que en el margen comercial hay casi dos céntimos de diferencia en relación a la media europea.

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, tras el Consejo de Ministros, se puso seria y anunció que se estudiarían medidas que permitan bajar el precio de los carburantes y que los márgenes comerciales se adapten a la media europea.
Aunque la fijación de los precios de combustibles es libre en España desde 1998 y que la liberalización se supone que debía haber traído mayor competencia, la realidad es bien distinta como lo demuestra que en la misma zona, independientemente de la petrolera que opere, la diferencia media en las estaciones de servicio es de menos de un céntimo, lo que obliga a presuponer la existencia de un acuerdo no escrito entre las principales petroleras que operan en España.

En febrero de este año, el gobierno aprobaba el anteproyecto de Ley para la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que centralizaría las tareas de los actuales organismos supervisores a excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y el Banco de España, lo que iba a suponer, según anunció la vicepresidenta, "evitar duplicidades, contradicciones en los informes, pérdidas de seguridad jurídica y desprotección del mercado y de los consumidores" a la vez que una reducción del número de consejeros de de 52 a 9, ahorrando cuatro millones de euros.

Hoy, nueve meses después, el proyecto está perdido en el complejo laberinto de trámites de consulta, mientras -se supone- continúan las duplicidades, las contradicciones en los informes, las pérdidas de seguridad jurídica y la desprotección del mercado y de los consumidores.

La realidad de los hechos puede inducir a que los consumidores españoles consideren que están asistiendo a una gran comedia en la que los papeles están repartidos previamente y que el futuro está inexorablemente marcado por una estructura fiscal que aporta considerables ingresos al Estado en un momento de excepcional sequía, aunque la presión fiscal en este campo es inferior a la existente en buena parte de los países de la zona euro.

La historia reciente es un firme testigo que se empecina en dar carta de naturaleza a esta tesis. Así, en abril del pasado año, se desató en nuestro país una agria polémica protagonizada por la CNC y las pocas petroleras instaladas en España, al acusar el organismo de la competencia de que se estaban llegando a acuerdos para subir el precio de los carburantes, respaldando su acusación en que el español era un mercado muy cerrado y sin posibilidad de competencia. Al final, ganó quien tenía que ganar.

Las petroleras cargaron contra el organismo regulador/supervisor, acusando de demagogia a la entidad encargada de velar por la transparencia en los precios, mientras que el presidente de Repsol, arremetía contra el organismo oficial y aprovechaba para hacer pedagogía sobre el coste real de los combustibles que usamos en España. Según sus cuentas, el 50% del precio que paga un ciudadano son impuestos, el 40% es el coste de la materia prima, el 8% se emplea para el pago del transporte, la logística y las comisiones, mientras que solo un 2% va a parar a las arcas de las petroleras. Es decir, que de cada 100 euros de combustible que echa un usuario en una gasolinera, solo dos van a parar a la petrolera.

Las cuentas de Brufau eran indiscutibles y la polémica no pasó de un mínimo escarceo periodístico, aunque el presidente de la petrolera española pasaba por alto el hecho de que suelen ser las propias petroleras las que compran el crudo, las que lo refinan, las que producen finalmente las gasolinas y las que las comercializan en su mayor parte, y todo ello sin olvidar el profundo desfase entre la subida del crudo en origen y su pago y la inmediatez con que se traslada ese incremento a los usuarios, lo que no ocurre cuando sucede a la inversa. En definitiva, muchas petroleras se han convertido en comisionistas de sí mismas.

En España hay nueve refinerías, de las que cinco son de Repsol que producen casi el 60% de los carburantes vendidos en España. Cuando Brufau habla de lo que se lleva Repsol, sobre el precio de los carburantes sin impuestos, no habla de lo que Repsol ingresa del 80% del precio de los combustibles antes de impuestos.

Dentro de ese insondable misterio que envuelve la fijación de los precios de las gasolinas, no deja de generar grandes interrogantes cómo se distribuye el coste de los carburantes de automoción, porque no parece razonable cargar los desequilibrios existentes con respecto a otros países a las ineficiencias de los sectores españoles que intervienen en el proceso productivo de las gasolinas.
Solo entrando detalladamente en ese proceloso mundo, se podría entender porque España tiene un precio del gasóleo de automoción, sin impuestos, más caro que en Alemania, Francia y Gran Bretaña, por referirnos a tres países que están por encima del nuestro en renta per cápita. Italia, sin embargo, tiene un precio del litro, antes de impuestos, superior al español. Hoy, el gasóleo de automoción en España, sin incluir impuestos, es 1,7 céntimos por litro más caro que el precio medio ponderado de la zona euro y eso multiplicado por los miles de millones de litros vendidos, son muchos euros.

En definitiva y haciendo un resumen con trazo grueso, se puede afirmar, según las últimas cifras conocidas, que España tiene una de las gasolinas y gasóleos más caros, antes de impuestos, de los países europeos, aunque también es cierto que es el país en el que porcentualmente, los usuarios pagan menos impuestos por litro.

 
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