EN EL PUNTO DE MIRA

Un primer paso para adelgazar la Administración Pública

LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Un primer paso para adelgazar la Administración Pública
21-NOVIEMBRE-2012
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La vicepresidenta Sáenz de Santamaría presentaba recientemente el acuerdo del Consejo de Ministros de crear una comisión que haga una auditoría de las administraciones central, autonómica y municipal para reducir su tamaño y hacerlas más eficientes. Aunque las dudas ante el anuncio de reforma de la  Administración Pública son muchas, el beneficio de la duda es lo último que se niega. La tarea, en efecto, es “ingente", pero es la respuesta a un clamor ciudadano para reducir las dimensiones de la Administración Pública y mejorar su prestación de servicios a los ciudadanos. Aunque es célebre la frase de que “cuando tengas un problema y no quieras resolverlo, crea una comisión”, aceptemos que la iniciativa en el país de Larra, merece un reconocimiento porque es básicamente innovadora.

El sector productivo español es cada vez más pequeño y su capacidad de aguante está al límite. Las tendencias son claras en este sentido y muestran una caída del número de personas activas, el de ocupados, asalariados del sector privado y empresarios, mientras sube el número de funcionarios y de integrantes de las llamadas clases pasivas. De los 47 millones de habitantes que tiene España, solo 15 trabajan en el sector privado.

Algo falla en un país cuando se producen discrepancias sobre el número de empleados públicos y cuando dos cifras oficiales se confrontan con una diferencia entre ellas de más de 300.000 trabajadores. De estas discrepancias dejan constancias el Registro Central de Personal (RCP) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta de Población Activa (EPA).

De acuerdo con el RCP, el nivel de empleo público ha crecido de forma paulatina y sostenida a lo largo de la última década, desde los 2,3 millones de personas en 2000 a los 2,7 millones en 2009. La EPA, por su parte, apuesta por los casi 2,5 millones del tercer trimestre de 2000 a los 3,2 millones en el tercer trimestre de 2010. Del conjunto, el 56% pertenece a la administración autonómica; el 26% a los ayuntamientos y el 18% a la administración central.

Las últimas cifras oficiales apuntan a que, durante el primer trimestre de 2011, el número de personas que trabaja en alguna de las tres administraciones o empresas públicas (3.186.000 en total) superaba al de empleados encuadrados en “el sector del comercio, la reparación de vehículos de motor y motocicletas y la hostelería” y su plantilla superaba incluso al de la industria, un sector que mueve el 15% del PIB, pero cuya fuerza laboral está un 25% por debajo del de las administraciones.

Con estos datos, que tienen una poderosa proyección en las urnas, el gobierno de Rajoy no tiene más remedio que abordar la reforma del sector público y de las administraciones públicas, yendo más allá de las recomendaciones del FMI para que España adopte “medidas relevantes” como el recorte del sueldo de los funcionarios y empleados públicos, segmento que ha aumentado en cerca de un 29% en la última década.

Estudios elaborados sobre la situación en España apuntan que el aparato público, hasta hace bien poco, no solo es el único motor que ha tirado del empleo, sino que se ha convertido en el primer sector económico en cuanto a número de asalariados, lo que para muchos no es sino un “un método artificial para contener las cifras de desempleo”, no en vano las autonomías tienen que dar a conocer todos los meses los datos de paro de su territorio, una tarea que puede verse dulcificada por la doble vía de extraer de las listas oficiales a los parados en formación y, en segundo lugar, gracias al efecto enjuague de nuevas contrataciones.

Un informe de Funcas del año 2011 es revelador al apuntar que el empleo público creció en 244.000 personas desde el inicio de la crisis (tercer trimestre de 2007) hasta el mismo periodo de 2010, lo que permite entender que desde el estallido de la crisis, catorce regiones hayan creando empleo público de carácter indefinido.

Entre el tercer trimestre de 2000 y el mismo periodo de 2010, el empleo público creció en 700.000 personas. En concreto, las autonomías son responsables de dos tercios del aumento de personal (550.000), mientras los ayuntamientos explican el otro tercio (incorporaron a sus filas 150.000 personas).

Sin entrar en mayores consideraciones y aun aceptando que la media de funcionarios en España está en la media de la OCDE, algunos estudios revelan que España podría reducir sus plantillas de trabajadores públicos entre el medio millón y los 900.000 trabajadores y que ese exceso de masa laboral solo refleja el elevadísimo índice de la burocracia que ha llevado a España, según el informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial, a ocupar el puesto 133 en cuanto a facilidades para montar una empresa por detrás del Congo y que entre los motivos de tal barbaridad se encuentran el ingente número de trámites administrativos al que todo empresario debe hacer frente ante la administración o ante cualquiera de los servicios regulados.

Recientemente, el diario El País publicaba un trabajo sobre el Tribunal de Cuentas en el que se retrata el perfil de una administración pública que, en algunos niveles, ha cambiado poco desde que Mariano José Larra se convirtiera en crítico ácido del funcionamiento de una parte de ese magma laboral y que ha llevado a que un ex ministro conservador hiciera, recientemente, un llamamiento desde un medio de comunicación para que en los Presupuestos de 2013 se abordara una poda del “gasto político” antes que del “gasto público”.

El sector privado español ha mejorado sustancialmente su productividad desde 2008, por delante de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia, lo que se explica sobre todo por el incremento del paro. No se conocen, sin embargo, estudios que midan la productividad del sector público, lo que permitiría hacer una aproximación más ajustada a los niveles de eficacia conseguidos en todos y cada uno de los segmentos en donde los funcionarios y trabajadores públicos son mayoritarios, aunque si se conocen resultados comparativos de la productividad de ambos, netamente favorable al sector privado.

 
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