EN EL PUNTO DE MIRA

La corrupción que no cesa

SABADO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
La corrupción que no cesa
15-NOVIEMBRE-2012
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Como la punta de un iceberg, los casos de corrupción en sus diferentes facetas y sus distintos aromas, no dejan de aparecer en el panorama político español.  El último ejemplo nos ha llegado con el tremendo drama del Madrid Arena en donde aparecen “implicados” funcionarios municipales que participan en un trueque de favores inaceptable y que desvirtúa la realidad de un mercado.

En paralelo, algún medio de comunicación denunciaba que Ruiz Mateos había abonado a un conocido bufete de abogados, dirigido por significados miembros del PSOE andaluz, importantes cantidades por las labores de “asesoramiento” en la consecución de subvenciones de la Junta de Extremadura para las empresas del “empresario”.

Antes, y a las puertas de las elecciones gallegas, un nuevo caso de corrupción afloraba, esta vez en Orense, y que bajo el nombre clave de Operación Pokémon, implicaba al alcalde, al jefe de policía de la ciudad, al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a concejales y a exconcejales y empresarios varios.

En todos los casos, la lista de nombres implicados se suceden sin solución de continuidad en donde se mezclan políticos y empresarios en un mercadeo de favores y regalos que produce bochorno y exige que se ponga coto, de una vez por todas, a lo que no deja de ser un cáncer para la economía española demasiado agarrado a las estructuras sociales de España.

Si hay dos cuestiones que los grandes inversores internacionales no soportan, estas son la inseguridad jurídica y la corrupción, y cada una de ellas comporta una penalización que se proyecta sobre el PIB del país afectado por ambos estigmas. En España, el nivel de corrupción ha empeorado, según la opinión de analistas y empresarios, lo que representa un “grave” problema para el país, ya que un aumento de la percepción de la corrupción conlleva una pérdida de la inversión extranjera. Y ahí está el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency Internacional, que mide el grado de corrupción percibido en funcionarios y políticos de 180 países, en el que España ocupa el trigésimo puesto, frente al 25 que ocupaba hace cuatro años.

Los expertos apuntan a que cada punto menos en el índice viene a suponer una pérdida del 0,5% del PIB o, lo que es lo mismo, perder inversión extranjera equivalente a medio punto del PIB y no está el PIB en España para ir dejándose décimas por las esquinas.

Marbella, Coslada, Palma, Gescartera, Gürtel, Roldan, Santa Coloma de Gramanet, GAL, El Ejido, Palau de la Musica, Faisan, Filesa, de la Rosa, Estivill, Palma Arena y Nóos , Campeón, EREs falsos, Orense, son solo algunos nombres -muy pocos- ligados a la historia de la corrupción en España y que demuestran que, aunque mayoría, no siempre esta lacra está ligada al sector inmobiliario y que entre los tres instrumentos de la corrupción -la extorsión, la manipulación y el nepotismo- no hay uno que prevalezca sobre el resto.

Aunque existen diferentes tipos de corrupción ligados al mundo de la política, la judicatura o la policía, bien es cierto que es en el sector inmobiliario en donde los corruptos han encontrado en época de bonanza un terreno abonado, habiéndose llegado a estimar que no existe en España un solo constructor o promotor que no haya estado sujeto en alguna ocasión a un caso en el que no haya mediado el pago del correspondiente estipendio por el supuesto o falso “favor” recibido. Hoy las cosas han cambiado, pero el enorme peso del Estado en la economía española es una garantía de la existencia de la corrupción.

Alguien ha escrito que en su forma actual, la corrupción casi siempre envuelve una relación incestuosa entre el poder y el dinero, describiendo el mal uso del poder público a cambio de dinero. No importa, si el intercambio lo inicia la persona con dinero o la persona con poder; es el intercambio mismo lo que es la esencia de la corrupción. Y de eso en la España contemporánea se están dando casos para todos los gustos, pese a que, quienes estudian este crimen, señalan que como ocurre con los icebergs, solamente el 5 ó 10% de la corrupción se hace visible; mientras el otro 95 ó 90% restante permanece oculto.

El gran problema, en opinión de ciertos sociólogos que han estudiado e investigado la corrupción, reside en la desaparición del escándalo de la escena social. En contra de lo que ocurría en el siglo XIX y principios del XX, hoy nadie se escandaliza por nada, el relativismo se ha apropiado de nuestras vidas y lo políticamente correcto nos ha obligado a acuñar una terminología pacata en forma de “alarma social”, propuesta por la política, a la que muchos medios de comunicación se han uncido con la rapidez y la abnegación que en ocasiones les son propios.

Como viene ocurriendo cada vez que la corrupción irrumpe en las portadas de los periódicos, los “expertos” se aprestan a dejar constancia de sus conocimientos. En ese proceso surgen soluciones que giran en torno a la liberalización y la globalización de las economías; a la necesidad de resolver la financiación de los partidos políticos; a aumentar el número de funcionarios de carrera en detrimento de los que acceden a los puestos por la vía “política”; a corregir las cerradas estructuras de los partidos; a acciones eficaces contempladas en ley del Suelo, en ley de Montes, en ley de Costas; a reformas imprescindibles tendentes a atacar el fraude fiscal; a dotar de más transparencia y participación ciudadana a la habitualmente opaca y compleja gestión administrativa, o a potenciar el papel de la fiscalía. Todo un rosario de causas y soluciones que no nos pueden hacer olvidar que la corrupción pública es un crimen tan antiguo como el Estado y que en el siglo V , a.c , Platón la abordaba ya en Las Leyes y que dos siglos más tarde, el reformador político indio Kautiliya distinguía 40 tentaciones que podían pervertir a los funcionarios.

Que las sociedades contemporáneas conviven con un alto grado de hipocresía, parece algo demostrado empíricamente y quizá por ello nadie se ha querido mantener al margen en la condena y en la lucha contra la corrupción.

Desde las Naciones Unidas al Vaticano, pasando por el G-8, el FMI, el Banco Mundial o la OCDE, no existe organización alguna que no se haya posicionado en las dos últimas décadas contra esta lacra. Y estas reacciones tienen su sentido en la medida en que a raíz de la desregulación y del desarrollo de las comunicaciones electrónicas, los capitales obtenidos mediante actividades criminales constituyen un factor de inestabilidad política y financiera de primer nivel, aunque ello no ha sido impedimento para que, un alto funcionario de uno de estos organismos pusiera el dedo en la llaga: “una sola plaza en el mundo, Suiza, garantizaba el secreto bancario hace 40 años. Actualmente, son más de 50”. No caben comentarios.

No le faltaba razón a Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial hasta que un escándalo de corrupción le hizo abandonar el cargo y uno de los impulsores de la lucha contra la corrupción, cuando ponía el acento en que “la corrupción es la causa fundamental de la ineficacia de los gobiernos y debilita los sistemas y distorsiona el mercado. A la larga, los gobiernos y los ciudadanos sufren las consecuencias en términos de ingresos más bajos, menor inversión y mayor inestabilidad de la economía. Pero cuando los gobiernos cumplen su función pueden aumentar hasta cuatro veces su ingreso nacional”.

Pese a los cientos de portadas y espacios dedicados por los medios de comunicación cada vez que surge un caso de corrupción, los distintos observatorios sobre la materia no contemplan un escenario en el que las fuerzas políticas y sociales decidan actuar seriamente contra ella, si no en su erradicación, si en su “redimensionamiento".

 
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