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Bankia: nadie asume responsabilidades

MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Bankia: nadie asume responsabilidades
18-DICIEMBRE-2012
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Redacción/ @InnovaSpain

Los testimonios y declaraciones efectuadas hasta ahora en el “Núremberg financiero”, como algún ingenioso ultramontano ha bautizado al macro juicio que busca definir las responsabilidades penales de quienes participaron en la creación de Bankia, ha permitido aproximarse al perfil de algunos imputados y que en su momento tuvieron responsabilidades del máximo nivel en el nacimiento de la entidad, en una muestra de lo que no debería suceder en un país moderno.

La querella, impulsada por  UPyD, llegará a su clímax, si el tiempo no lo impide, con el  interrogatorio al expresidente de la entidad rescatada, Rodrigo Rato, el 20 de diciembre y con ello se dará por cerrado el procedimiento emprendido por la Audiencia Nacional para determinar el grado de responsabilidad de 33 antiguos miembros de los consejos de administración de Bankia y de su matriz, BFA, sobre las acusaciones de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precios y apropiación indebida.

Lo que está en juego es determinar responsabilidades sobre el hecho de que entre la salida a Bolsa de la entidad el 19 de julio de 2011 y el día de la dimisión de Rato como presidente, Bankia llegó a perder el 70% de su valor en Bolsa y a necesitar del Estado cerca de 20.000 millones de euros para sanear sus balances.

Hasta ahora, los testimonios conocidos no pueden resultar más deprimentes y esclarecedores y anuncian un desiderátum de declaraciones llenas de verborrea  exculpatoria que obligarán al juez Andreu a emplearse a fondo. Así lo demuestran alegatos de consejeros que convienen en señalar que el Banco de España estaba al corriente de la situación económica de Bankia, que "había interventores del Banco de España en toda una planta" del edificio, que desconocían que el Banco de España hubiera realizado advertencia alguna sobre la situación de la entidad o que supieron de las nuevas cuentas cuando Rodrigo Rato anunció su dimisión como presidente de la entidad. Todo muy impropio de miembros del máximo órgano de una sociedad que cotiza en Bolsa.

Para abrir boca, el primero en comparecer ante el magistrado fue el presidente de Caja Canarias y de Cruz Roja España desde tiempo inmemorial, Suárez Toro, quien estuvo “sembrao” y deleitó a la concurrencia con perlas de cultivo tales como que los miembros del Consejo de Administración se dejaban guiar por los "gestores" de la entidad y que votaron a favor de la reformulación de las cuentas y del cese de Rato "sin tener información real" sobre la situación de Bankia, o que sólo “cumplía órdenes” o que había cobrado 235.000 euros de salario en 2011 por su “labor” como consejero.

A partir de ahí vinieron otras declaraciones como la de Mercedes Rojo, ex asesora de Esperanza Aguirre y con estudios de Farmacia,  que  en su momento  hizo saber a los gestores del grupo que no tenía conocimientos financieros para ocupar ese puesto, lo que explica que se enterara  “por la prensa” de la existencia del propio Comité de Auditoría del que ella formaba parte junto con otros tres miembros de la matriz de Bankia.

Después vino el ex secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Romero de Tejada, y el representante de Bancaja, Villanueva Pareja, que coincidieron en quitarse de en medio amparándose en la calidad de  asesores como Deloitte o el despacho Uría Menéndez. En cualquier caso, entre dietas y remuneración por pertenencia a las comisiones de BFA, Romero de Tejada percibió en 2011 un total de 116.000 euros; Rojo-Izquierdo, 144.000, y Ángel Villanueva Pareja, 188.000.

Y para las hemerotecas, una frase de Romero de Tejada que dice mucho de la contabilidad de las cajas: "Tan correcto era dar unos beneficios de 300 millones de euros como unas pérdidas de 3.000 millones".

El  que fuera ex presidente de la Asamblea de Madrid y consejero de BFA, a propuesta del PP, Pedroche, culminó su comparecencia afirmando tener la sensación de estar representando un "guión escrito por otros", en referencia al "Gobierno y el Banco de España", coincidiendo con alguno de sus colegas de Consejo en que tanto las cuentas formuladas en marzo de 2011, como las reformuladas en mayo, eran una imagen fiel de la contabilidad de la entidad, pese a ser diametralmente opuestas.

El ex secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez-Ponga (PP), el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, de la Riva o el consejero de Bancaja a propuesta del PSOE, Remigio Pellicer, como consejeros de BFA o de Bankia, tampoco hicieron grandes aportaciones sobre el papel del Banco de España a la hora de informar a la cúpula de Bankia, del cambio de criterio por parte de Deloitte o sobre los motivos que llevaron a Rato a abandonar la entidad financiera.

Todo en esa línea que produce vergüenza ajena.

Lejos de ser un suculento caramelo para la clase política –que también-, el ser miembro de un consejo de Administración de una entidad como Bankia o de su matriz BFA, obliga a quien ostenta el puesto. La legislación vigente en España es taxativa al respecto al imponer una serie de deberes y obligaciones a los gestores, como el desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario, informarse diligentemente de la marcha de la sociedad o defender el interés social, sin realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas, inversiones o operaciones ligadas a los bienes de la sociedad en determinados supuestos.

El incumplimiento de estos deberes desencadena una responsabilidad por los daños causados frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores, de carácter solidario (cada uno responde por el todo), sin que quepa exoneración alguna.

La clave del asunto está en distinguir entre deberes incumplidos y contingencias externas o ante opciones estratégicas menos afortunadas que las posibles alternativas, pero que no llegan al extremo de poder ser consideradas negligentes, en definitiva, lo que se denomina riesgo de empresa.

En el caso de las cajas, la cuestión está muy clara, según los expertos, especialmente si se atiende a factores como la incompetencia o falta de preparación técnica de los gestores (que pese a ello no tuvieron ningún reparo en aceptar los cargos y cobrar su sueldos), la diferencia de resultados con otras empresas del sector  y la constatación de errores financieros de bulto motivados por consideraciones políticas ligadas a los intereses de los partidos dominantes en las correspondientes CCAA.

En el caso de Bankia, según doctrina de juristas de referencia, parece evidente la concurrencia de una conducta antijurídica (por la violación de normas legales) o, al menos, la existencia de culpa en la gestión empresarial y de una relación de causalidad suficiente entre aquellas y el daño, lo que bastaría para desencadenar esa responsabilidad.

Sea como sea, se avecina una batalla jurídica fenomenal en materia de exigencia de responsabilidades en la que está en juego la responsabilidad de todos y cada uno de los imputados e incluso consejeros de anteriores etapas de Caja Madrid o de cualquiera de las entidades fusionadas, en donde la cuestión de las prescripciones va a tener su relevancia.

Como tiene su relevancia la existencia de una legislación específica para las cajas de ahorros distinta a la legislación reguladora de las sociedades de capital como es la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, que posteriormente fue modificada por el Real Decreto Ley 11/2010 cuya finalidad era conseguir un mayor nivel de profesionalidad en la composición de los órganos rectores de estas entidades. Esta norma, que como suele ocurrir llegó tarde, fija unos deberes de diligencia muy claros, cuya vulneración trae consigo una clara responsabilidad.

 
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