EN EL PUNTO DE MIRA

La retroactividad en la dación en pago

SABADO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
La retroactividad en la dación en pago
20-FEBRERO-2013
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Pasado el medio minuto de gloria de los activistas que montaron el espectáculo en el Parlamento durante la sesión del Congreso en la que se aprobó tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para implantar la dación en pago con carácter retroactivo, que busca paralizar los desahucios y fomentar el alquiler social, lo que implica que la ILP será discutida en el Congreso, ni uno solo de los analistas financieros ha dedicado un solo adjetivo en favor de esta posible aportación legislativa popular, incluso alguno la ha calificado de “catastrófica”. El ruido político se impone y se resiste a abandonar el escenario.

La ILP que será tramitada en el Congreso de los Diputados cuenta con el respaldo de 1.402.854 firmas promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos, organizaciones vecinales y ONGs y busca, según sus organizadores, implantar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias.

Reconociendo que el problema, tras cinco años de crisis y unos niveles históricos de desempleo,  ha alcanzado niveles insostenibles y obliga a los poderes públicos a buscar soluciones posibles y urgentes, existe un consenso de expertos analistas en considerar que, de incorporarse a la nueva Ley las aportaciones de la ILP,  el resultado sería altamente negativo para el futuro del mercado hipotecario español. Estando de acuerdo en la necesidad de buscar fórmulas que permitan proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables, ninguno apuesta por abandonar la disciplina crediticia “históricamente firme” de este sector, según propugnaba la misma troika hace dos semanas, tras su visita a España.

Pese a que la ILP mereció la aprobación de la totalidad de los miembros del Congreso, esta postura responde a una decisión táctica de la mayoría de los grupos políticos, conscientes casi todos ellos de lo irrealizable de la propuesta, especialmente en lo que a la retroactividad se refiere. De convertirse la ILP en texto legal, el sector financiero español, en situación muy mermada tras la reforma que ha tenido que asumir en 2012, entraría en una peligrosa espiral de consecuencias difíciles de evaluar.
 
Las cifras que manejan los expertos inmobiliarios no dejan de ser preocupantes y sitúan en cerca de 300.000 las viviendas cuyo valor de mercado en la actualidad es inferior al crédito hipotecario al que están vinculadas, lo que podría generar movimientos indeseados en el mercado hipotecario que afectaría seriamente a una economía que pugna por salir de la recesión en la que está metida.

El problema emergerá nuevamente cuando el texto sea tramitado en el Congreso y es entonces cuando los grupos parlamentarios deberán retratarse olvidándose de posiciones adanistas, de retroactividades y de inviables posiciones maximalistas. Otra cosa, es que se busquen soluciones que palien la muy grave situación social que están generando los desahucios en España.

En noviembre del pasado el gobierno de Rajoy presentó un Real Decreto Ley de protección de deudores hipotecarios en el que se aprobaban, entre otras, dos acciones urgentes: la paralización de la fase final del desahucio cuando se esté en situación de vulnerabilidad (por nivel de renta, familia numerosa, personas mayores a cargo, violencia de género, etc.) y la creación de un parque de viviendas destinadas al alquiler a precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
 
Aunque la medida no debería afectar al reconocimiento de mora por parte de las entidades financieras, ya que la protección (moratoria de dos años) sólo afecta a la fase última del proceso legal, pero no a la ejecución, ésto podría incrementar el impago para los segmentos que ya se encontraran en una situación límite, como así ha sido, ya que tres meses después, no se han  notado los efectos del RDL de protección de deudores hipotecarios.

Entre los argumentos manejados por los analistas y entidades financieras en contra de buena parte de lo propuesto por la iniciativa popular, cabe destacar una modificación sustancial de las actuales condiciones crediticias, un encarecimiento de las hipotecas, una restricción del crédito, la aparición  de agentes que se deshagan de la deuda endosando a la entidad financiera la bajada del precio de la vivienda o la inseguridad jurídica que lleva aparejada una posible retroactividad.

La morosidad hipotecaria de los hogares se situaba, al cierre del tercer trimestre de 2012, en el 3,63%, un punto por encima del que marcó en el mismo periodo de 2011, según cifras del Banco de España. Este nivel es el más elevado de toda la serie histórica, mientras que la morosidad de los promotores registraba una subida récord y se sitúa en el 30,3%.

 
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