EN EL PUNTO DE MIRA

Política energética: suspenso sin paliativos

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2018  
Política energética: suspenso sin paliativos
04-ABRIL-2013
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Redacción //@InnovasSpain Foto: EFE

“Las compañías eléctricas presentan un recurso contra el Ministerio de Industria en el que se establecen las condiciones para la compra del carbón nacional”. “El Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica realiza una nueva titulización de 1.500 millones de euros del déficit de tarifa”. “El déficit de tarifa en 2012 supera 3,6 veces el tope legal que estaba fijado en 1.500 millones de euros”. Las tres son noticias recientes  referidas al sector eléctrico y son el resultado de la política errática del gobierno en materia energética, algo en lo que está de acuerdo el conjunto del sector.

Quienes en los meses previos a las últimas elecciones generales estuvieron atentos al discurso del Partido Popular en materia de política energética, especialmente referido al sector eléctrico, y concibieron esperanzas de una profunda reforma del sector, hoy, a la vista de los resultados, se hallan en un estado de frustración profundo como consecuencia de una inexistente reforma y una inconexa concatenación de medidas que no alcanzan siquiera, según los expertos, el nivel de parches.

Lejos queda aquella afirmación de Rajoy en su discurso de investidura el 19-12-2011 en la que afirmaba con solemnidad que “otra reforma estructural imprescindible es la de nuestro sistema energético” que se iba a producir bajo el paraguas de una total liberalización del sector y la  competitividad de la economía.

Quince meses después, la reforma se ha quedado en una batería de medidas cuyo resultado más determinante es un déficit de tarifa (DT) que  alcanzó en  2012 los 5.511 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60.03% sobre el mismo periodo del año anterior y un 243.5% sobre lo estimado en la revisión de tarifas de abril. Así las cosas, el DT -deuda de los consumidores que por ley tienen reconocida las compañías eléctricas convencionales- se situaría por encima de los 29.000 millones de euros, en su casi totalidad avalada por el Estado español y que la hace susceptible de que la Comisión Europea la contemple, en algún momento, como parte del déficit público a la vista de que su solución, según los expertos, tarde o temprano pasa casi en exclusiva por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Hacer una fotografía del sector eléctrico hoy es elaborar una lista de medidas y de normas reguladoras que están lejos de la liberalización del sector y de la competitividad de la economía a la que se había comprometido Rajoy en su discurso de investidura. Ni uno solo de los graves problemas del sector eléctrico se han resuelto, y la energía continúa manejándose como un barco a la deriva, según lo calificaba un experto del sector, ocultando, en lugar de resolviendo, los graves problemas que aquejan a este sector desde que en 1997,  “obligado” por Bruselas y el mercado único, se iniciaba un proceso de liberalización fallido, consistente en pasar de un sistema de tarifa a un sistema de precios.

Nos remontamos a la época de Aznar y a la decisión de entrar en la zona euro al precio que fuera, aunque ese “como fuera” sea la causa y el origen  de la inmensa burbuja que hoy en día tiene el sector y que queda reflejada por el inmanejable déficit de tarifa.

Desde entonces, se ha privatizado Endesa, que representaba el 20% del sector, aunque países como Francia, Italia y Alemania pasaban de liberalizar su sector y mantenían sus potentes empresas públicas; nos hemos hecho fundamentalistas en materia medioambiental, lo que nos está costando lo que no tenemos; se ha propiciado un exceso de producción y un gran fraude con cargo a los PGE, fundamentalmente en torno a las llamadas energías renovables; cada ministro de Industria se ha sentido obligado en dejarnos una nueva burbuja bien en forma de fotovoltaicas, bien en materia de termosolares…; las cuentas de resultados domésticas de las empresas eléctricas españolas están hechas unos zorros lo que las ha empujado a buscarse la vida en el exterior, lo que han hecho con éxito aunque para ello hayamos tenido que pagar con cargo al dinero público el “aprendizaje” de las nuevas tecnologías, lo que a su vez las ha permitido asombrar al mundo con sus proyectos punteros, aunque España se quede con el parque más obsoleto del mundo en renovables, y se ha conseguido, por último, un sector desunido y débil como nunca hasta ahora había existido por lo que no se puede consensuar ninguna de las soluciones obligadas que hay que adoptar para salir de la inmensa burbuja en la que se encuentra el sector y que no explota porque el Estado avala y avala y sigue avalando.

Hoy, la liberalización puede calificarse de un gran fracaso como lo demuestra el altísimo nivel de regularización del sector en el que la competencia no deja de ser una entelequia por donde circulan los precios políticos, las primas, la titulización de la deuda, los déficit… Todo ello hace del sector eléctrico español un sector débil, cuyas empresas, de cara a un mercado único europeo, son susceptibles de ser compradas por EdF, ENEL o eON, cosa que no puede ocurrir a la inversa.

Hoy, si no fuera porque el 70 por ciento de los resultados positivos del sector vienen del exterior, todas y cada una de las compañías eléctricas españolas podrían ser compradas a precio de saldo, ya que el mercado doméstico al día de la fecha es una carga.

Con este panorama, existe un cierto consenso en que lo imprescindible es taponar la insoportable sangría de fondos y ello solo es posible mediante una moratoria, al estilo de la nuclear, sobre todo aquello que lleve prima y para ello hay que pactar las diferentes fórmulas existentes. Puede salir caro, pero será mucho más barato que mantener el sistema actual.

A partir de ahí, los expertos consideran como imprescindible adoptar una solución estructural que pasa por cambiar el sistema de peajes para que cada cual asuma la parte que le corresponde. Hoy, la parte del peaje referida al mercado funciona, lo que no ocurre con la parte donde se cargan conceptos como las primas o la insularidad, entre otros. No existe duda alguna de que así bajarían los precios de la electricidad porque el coste de producción de la energía eléctrica, en pura competencia, es una de las más bajas de Europa y que si es en la actualidad en una de las más altas es debido a todos los factores de distorsión que incorporan los peajes y la falta de homogeneización de criterios existente entre los generadores.

Nadie dice que sea fácil abordar las soluciones del sector, pero lo que resulta insoportable para la economía española y para el equilibrio de las cuentas públicas es mantener el actual statu quo.

De la dimensión del inmenso lio en el que se encuentra sumido el sector y de sus soluciones, dan fe  los fondos de inversión internacionales que han invertido importantes cantidades en renovables en España a la vista de las suculentas rentabilidades, que con cargo a las primas públicas permiten rentabilidades del 35% durante muchos años sin estar sometido a ningún tipo de riesgo. Las rentabilidades de las nucleares está y ha estado por debajo del 7%.

Aunque mirar hacia atrás solo produce melancolía, son muchos los que recuerdan que si no se hubiera decidido incumplir el protocolo firmado y consensuado, siendo Pique ministro, por el que se impuso una bajada del 8% de las tarifas, en lugar del 5% pactada pocos meses antes, cuando se inicio la liberalización, hoy el déficit de tarifa simplemente no existiría.

A la vista de todo lo que viene sucediendo en el sector, no son pocos los que advierten movimientos en su seno y alguna empresa como la italiana Endesa ha empezado a mirar con más intensidad hacia Latinoamérica, en donde las rentabilidades de las inversiones son una realidad que en España no existe, quedando el mercado doméstico en una posición secundaria en cuanto a prioridades se refiere, salvo que siga fluyendo el dinero público. Es el caso de la insularidad sobre la que el ministro Soria, responsable de la no política energética, parece querer intervenir “en beneficio de la libre competencia”, lo que reduciría la inmensa paradoja de que es el gobierno italiano el que garantiza el suministro a las islas, pero es el gobierno español el que lo paga. ¡Así cualquiera!

 
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