EN EL PUNTO DE MIRA

La futura Ley de Transparencia empieza a generar miedos y resistencias

MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2018  
La futura Ley de Transparencia empieza a generar miedos y resistencias
01-JULIO-2013
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Tras sortear las enmiendas a la totalidad y ganarse el apoyo del PSOE, el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno iniciaba el período parlamentario con las comparecencias en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y a la vista de lo dicho por patronal y sindicatos, la resistencia al cambio va a ser más que considerable, ya que nadie parece dispuesto a que se hagan públicos sus datos más íntimos: las retribuciones.

El desenlace a este proceso deberá ser la aprobación del texto y la tardía “equiparación” de España al conjunto de países que gozan de este tipo de legislación, en alguno de los casos desde hace décadas, y que en España se ha tratado de retrasar por el miedo ancestral de los distintos gobiernos al ejercicio de la trasparencia, cualidad ésta que suele sentar muy bien a todas las actividades, especialmente a las que dependen del dinero público.

Aunque es difícil evaluar con la información existente, la eficacia de la futura Ley, sí se sabe que no se reconocerá el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, lo que puede contravenir directrices de los tribunales internacionales de derechos humanos, que han reconocido recientemente el carácter fundamental de este derecho lo que plantea serias dudas sobre la decisión del Ejecutivo en este sentido.

Pese a que los mensajes con origen en el gobierno ponen el énfasis en que la Casa Real, el Banco de España, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, la patronal y todas las entidades que cuenten con una inversión de dinero público “relevante” estarán incluidos en la ley con las mismas condiciones que los órganos constitucionales afectados, uno de los puntos que concentra mayor interés y que es considerado como trascendental es el referente al artículo 15 de la norma que excluye del alcance de la norma muchos tipos de información y que, de no modificarse, podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con estas exclusiones.

De entrada, el artículo 15 propone como causas de inadmisión a trámite las que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; las referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; las que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley, o las que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.

Los colectivos que llevan años tratando de que España cuente con una legislación de este tipo, son muy críticos con el proceso de tramitación de la norma que “está siendo totalmente opaco”, acusando al gobierno de “no acceder a dar a conocer las más de 3.600 aportaciones de la consulta pública”.

Otro de los puntos que generan dudas más que razonables es el anuncio de creación de un Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno, sin concretar ningún detalle más sobre su funcionamiento, mandato, composición, independencia y potestades, aunque se tiene como referencia el reciente proyecto sobre la autoridad fiscal “independiente” que ha sido calificada de chapuza, por su vinculación al gobierno de turno, lo que la hace, de entrada, ineficiente e inútil.

En este caso, correrá a cargo del Consejo de Ministros y no necesitará ser ratificado por las Cortes Generales, el nombramiento del presidente del citado Consejo.

 

 
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