EN EL PUNTO DE MIRA

El serio problema de inseguridad jurídica en España

SABADO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
El serio problema de inseguridad jurídica en España
11-JULIO-2013
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Que la seguridad jurídica es un factor clave para los inversores extranjeros a la hora de tomar decisión sobre sus futuros negocios, es una máxima sobradamente conocida. Que en España existe un “problema serio” de inseguridad jurídica, al que no se le presta suficiente atención por parte del Gobierno, es algo que siempre hay alguien dispuesto a recordarnos; y así lo hizo hace unas semanas el consejero delegado de Atlantic Copper y alto ejecutivo de la matriz Freeport-McMoRan Copper and Gold, primer productor de cobre del mundo, Javier Targhetta, en el Foro Nueva Economía.

El directivo afirmó con contundencia que los continuos cambios regulatorios, especialmente en el sector energético, han hecho de España un destino sin seguridad jurídica para invertir.

El aldabonazo del ejecutivo de la multinacional se hacía a las puertas de una nueva reforma eléctrica que se espera sea aprobada por el Gobierno próximamente.

Targhetta, utilizando un lenguaje directo, alejado de circunloquios y ambigüedades frecuentemente utilizados en las intervenciones públicas por la nómina de intervinientes de la España oficial, no se cortó un pelo a la hora de criticar con dureza la situación por la que atraviesa el sector eléctrico en España.

Así,  denunció que estuviera incluido el coste de las emisiones de CO2 como componente del precio final de la energía que consume la gran empresa, lo que consideró una “alteración política” del mercado y, por tanto, una “desvirtualización de las virtudes del mercado”.

El ejecutivo de la multinacional del cobre y del oro criticó que España no siguiera la recomendación de la UE de compensar estas emisiones, por lo que están “dejados de la mano de Dios”.

Tras denunciar  el inconveniente de que España sea una isla eléctrica y que las empresas españolas no puedan comprar energía en el resto del continente, lo cual coloca a las compañías españolas en desventaja respecto a otros países, Targhetta resaltó que la parte regulada del importe de la energía en España es “más del doble” en la factura del gran consumidor, por lo que los expulsa de la necesaria competencia. Si un factor como el CO2 “incluido” en el mercado, con un impacto en España de 10 euros por producción, se traduce entre un 16 y un 20% del coste de la producción, esto sitúa a la empresa española en “mala” posición frente a la competencia internacional.

Aunque la nueva reforma del sector eléctrico irá por derroteros no coincidentes con la exposición de Targhetta, los analistas esperan que la nueva reforma suponga 4.000 millones de euros y que los recortes los paguen todos los agentes, incluyendo al sistema financiero, cuyas entidades se encuentran especialmente “pilladas” por la situación de multitud de plantas fotovoltaicas o termosolares que financian.

 
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