EN EL PUNTO DE MIRA

¡Es la competitividad, estúpidos!

JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
¡Es la competitividad, estúpidos!
01-AGOSTO-2013
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En las últimas semanas, dos sectores de la economía española  -telecomunicaciones y construcción naval-  han sido los destinatarios y afectados de sendas decisiones comunitarias que tienen su origen en la Comisaría de la Competencia y una misma causa: la falta de competitividad.

Una vez más hay que recurrir a la celebrada frase que  Clinton espetó a George H. W. Bush, padre (“the economy, stupid”), para explicar dos sucesos racionales que, en mayor o menor medida, han encendido los sentimientos hispanos contra Bruselas y contra su comisario Almunia, quien además, es del PSOE.

En el primero de los casos, Bruselas decidía declarar incompatibles, dentro del marco competitivo de la Unión Europea, las ayudas de Estado concedidas a las comunidades autónomas dentro de los planes de extensión de la TDT en lo que se denominó como Área II (cobertura a partir del 96% de población). Aunque la Comisión debe hacer pública la resolución definitiva, la posición comunitaria es clara al señalar que "los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarlas al contribuyente español". Son, por tanto, los operadores de red -Abertis mayoritariamente, y algunos operadores locales- y no los canales de televisión, como se ha comentado en algunos foros, los que deben devolver 260 millones de euros a las arcas públicas.

La decisión tiene su origen en una queja formal presentada en 2009 por el operador de satélites SES Astra, tras constatar la imposibilidad de competir en España en igualdad de condiciones para llevar la televisión a los ciudadanos; una situación que provocó que la compañía fuera indemnizada  por el gobierno de Cantabria con 4 millones de euros al incumplir éste un contrato ganado por concurso público por SES Astra para llevar la televisión al 100% de los cántabros.

Ahora, tras la decisión Bruselas, la patata caliente está en el tejado del Ministerio de Industria, que deberá hacer una planificación que evite las perversiones del pasado en la que impere el juego limpio y  permita a las diferentes opciones tecnológicas competir con las reglas del juego.

El segundo caso, afecta al sector naval a raíz de una denuncia de los astilleros holandeses, como consecuencia del sistema de bonificaciones fiscales utilizado durante años en España en la construcción de buques como fórmula necesaria para enmascarar una falta de competitividad de nuestros astilleros como consecuencia, entre otras causas, de una inaceptable competencia procedente de Asia y ante la que, la siempre cobarde Europa, se ha mostrado especialmente permisiva.

El hecho es que hace dos años, el organismo  comunitario de la Competencia dictaminó que la práctica española era ilícita y que distorsionaba la competencia en Europa.

De poco valieron los razonables argumentos que motivaban esa ayuda fiscal, basados en el alarmante descenso de la contratación de barcos en España y en que para mantener competitivo el complejo sector frente a la imposible estructura de costes de coreanos, chinos y demás países asiáticos, era obligado introducir el sistema tax lease, que concedía ventajas fiscales masivas a los inversores que participaran en la construcción de un buque.

Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones patrióticas no se han hecho esperar y mientras el Congreso en pleno se sumaba a la guerra del tax lease y la prensa no se quedaba atrás con titulares como “Almunia aboca al cierre a la industria naval española” que, por cierto, da empleo a cerca de 90.000 personas y es una de las pocas industrias de toda la vida que quedan en regiones como Galicia o País Vasco.

Con independencia de la importante cuantía de la devolución, de la casuística de la sanción, de la denuncia holandesa, o de si al final se cumplirá o no el fallo de Bruselas o de si España está abocada a que desaparezca su industria como consecuencia de una alarmante falta de estrategia y política industrial, el hecho cierto es que los grandes astilleros españoles, en su estructura actual, no son competitivos, ni lo pueden ser -como tampoco lo son los que están asentados en Holanda (también investigada por la Comisaría de Almunia) o en cualquier otro país europeo- por mor de una mal entendida globalización que hace imposible que Europa compita con países que juegan  una “liga” con otros reglamentos que nada tiene que ver con los practicados en las sociedades del bienestar europeas, que deben soportar cargas sociales y fiscales que imposibilitan su competitividad y frente a cuyas prácticas las autoridades europeas de la competencia se inhiben por causas y razones inconfesables.

Los técnicos de Bruselas apuntan a una espectacular falta de estrategia y política industrial por parte del gobierno, lo que le ocurre a España en donde siempre se está dispuesto a tirar de chequera para resolver un problema generado por una falta de planificación en tiempo y hora.

Una vez más viene a colación recordar el aserto famoso: “España y yo somos así”

Post-it
Tax lease consistente en la aplicación de unos contratos de arrendamiento financiero con amortización acelerada de los mismos. Esta práctica, legal a todas luces, permitió la construcción en España de 257 buques y el sostenimiento de casi 90.000 puestos de trabajo. Esta modalidad de financiación naval rigió en España desde el año 2005 hasta el año 2011.

 
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