EN EL PUNTO DE MIRA

Caso Sacyr: las bajas temerarias, son cosa de dos

MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Caso Sacyr: las bajas temerarias, son cosa de dos
16-ENERO-2014
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Redacción
@innovaspain

Tras un tan mediático como  inútil viaje a Panamá de la ministra de Fomento, Pastor, para no se sabe muy bien qué, el conflicto entre el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) donde además de Sacyr están la italiana Impregilo, como mayoritarios, y la belga Jan de Nul y la Constructora Urbana de Panamá como minoritarios, se mantiene en todo lo alto las posturas de ambas partes, tan alta como la cantidad que las constructoras reclaman en concepto de gastos adicionales:  1.625 millones de dólares (1.200 millones de euros).

Tras el anuncio del grupo constructor liderado por Sacyr e Impregilo, una buena parte de la prensa española se posicionó de forma crítica contra la constructora española por entender que había ejercido en su oferta algo tan común en España como la baja temeraria, olvidando que para el ejercicio de tal mala práctica es necesaria la complicidad de las dos partes que participan en el proceso, ya que las ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas obedecen a un sistema de contratación que en demasiadas ocasiones se fomenta y ampara a través de los  pliegos de condiciones del concurso.

Expertos del sector señalan con rotundidad que se equivocan quienes consideran que la práctica de este tipo de  actuaciones  se circunscriba a un país como España, en donde el sector de la construcción ha tenido en la obra pública un extraordinario campo de pruebas; no en vano España ha hecho más kilómetros de autopistas y autovías que nadie, más kilómetros de AVE que nadie y más aeropuertos que nadie, sin que en ningún momento las empresas españolas encontraran competencia alguna de sus colegas internacionales, conscientes todas ellas de lo complicado que  es actuar fuera de sus respectivas fronteras, en donde siempre es difícil encontrar la comprensión que hallan en sus propios países en todos los sentidos.

Sacyr se ha visto envuelta en un escándalo debido a que su proyecto merece la consideración de “estrella”, lo cual no es óbice para que esta mala práctica no sea el pan nuestro de cada día para el resto de sus colegas que ya tienen asumido y casi calculado desde que elaboran el proyecto con los datos y la información que les facilita quien convoca el concurso, el diferencial entre coste real y oferta oficial.

Tan es así, que desde instancias supranacionales se trata de poner coto a este tipo de actuaciones, algo que no resulta fácil. Y en ese sentido va la  directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, relativa a la contratación pública, que en el considerando 42 señala que “las ofertas que resulten anormalmente bajas con relación a las obras, los suministros o los servicios podrían estar basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, económico o jurídico. Para evitar posibles inconvenientes durante la ejecución del contrato, cuando los precios de una oferta sean muy inferiores a los solicitados por otros licitadores, debe obligarse a los poderes adjudicadores a pedir explicaciones sobre el precio fijado. Cuando el licitador no pueda ofrecer una explicación suficiente, el poder adjudicador debe estar facultado para rechazar la oferta. El rechazo debe ser obligatorio en los casos en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio anormalmente bajo resulta del incumplimiento de la legislación obligatoria de la Unión en materia social, laboral o medioambiental o de disposiciones del Derecho laboral internacional”.

De la misma forma, la directiva comunitaria  establece la obligación de los poderes adjudicadores de pedir explicaciones a los operadores económicos cuando se den tres condiciones: que el precio sea inferior en más del 50 % a la media del resto de ofertas, que el precio sea inferior en más de un 20 % respecto a la segunda oferta más baja y que se hayan presentado como mínimo cinco ofertas.

La normativa europea no es especialmente diferente a la establecida en otras regiones de otros continentes, pero es innegable que en los concursos públicos las empresas hacen ofertas que las conducen a situaciones de trabajar a coste, lo que no se entendería si no fuese una práctica habitual por la que, mediante modificados y otros añadidos, las empresas van consiguiendo ampliaciones que les permiten llegar a obtener beneficios.

Sacyr ha contabilizado cerca de 60 millones de euros de impacto negativo en sus cuentas por el contrato del Canal de Panamá y se espera que este importe se eleve hasta los 100 millones para el conjunto de 2013.
Pocos son los analistas que dudan que tanto Sacyr como las otras tres compañías que la acompañan en el macro proyecto del Canal no conocieran los riegos y las futuras desviaciones presupuestarias desde el primer momento, de la misma forma que la ACP conocía la imposibilidad  de que, con las bases planteadas, se pudiera completar la obra licitada.

Una cosa parece segura: la desviación de 1.625 millones de dólares que reclama Sacyr está perfectamente acreditada y documentada y tienen fundamento sobre el contrato vigente, de la misma manera que no hay ninguna empresa constructora que no tenga un experto equipo de ingenieros, arquitectos y abogados dedicados a preparar los modificados que son requeridos para renegociar las obras públicas, una vez que estas han superado el ecuador de su ejecución.

 
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