EN EL PUNTO DE MIRA

La recuperación económica sigue sin contar con la colaboración activa de la Justicia

VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018  
La recuperación económica sigue sin contar con la colaboración activa de la Justicia
12-FEBRERO-2014
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Redacción
@innovaspain

Según estimaciones de expertos, 2013 se habría cerrado con cerca de 9.300 procesos concursales, la cifra más alta desde la entrada en vigor de la Ley Concursal de 2003 y con un incremento cercano al 25% respecto a las insolvencias judiciales registradas en 2012. De la resolución de todos esos procesos depende un significativo pellizco de la recuperación económica, pero a medida que esos procesos se van acumulando en los juzgados españoles arrecian las críticas contra el sistema judicial y la eficacia de los administradores concursales, que dilatan las resoluciones hasta el punto de hacer inviables la recuperación de empresas que terminan de consumirse en los procelosos rámites judiciales.

La cifra se presenta como la más alta desde 2004, año en que arranca el estudio estadístico y la situación se ha convertido en lo suficientemente preocupante que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto una reforma a fondo del régimen de insolvencias español que permita un mayor número de acuerdos extrajudiciales y también que se salven más empresas de las que entran en concurso. Desde el comienzo de la crisis en 2008, más de 36.000 empresas solicitaron concurso de acreedores.

En un informe sobre la eficacia de los sistemas judiciales elaborado por la Comisión Europea se señala que el plazo medio para resolver una demanda ante un tribunal español de primera instancia en 2008 (año de referencia del estudio) fue de 296 días, sólo superado por Portugal (430) e Italia (533), ostentando España el índice más bajo (81,7) de casos resueltos, en relación con los recibidos, sustancialmente por debajo del teórico nivel 100 de equilibrio y lejos de Francia (94,3), Italia (94,8), Portugal (99,1) y sobre todo de Noruega (105,1), que obtiene la mejor nota.

Así las cosas, son muchos los que ponen en duda el que la Justicia sea un indiscutible elemento dinamizador de la economía en un momento en que la economía necesita de más agilidad en la resolución de litigios y conflictos, no en vano se maneja la cifra de 20.000 millones de euros los afectados en procedimientos judiciales que, si se incorporaran al circuito económico y financiero, tendrían unos efectos especialmente beneficiosos para la actividad económica.

Tan enorme cantidad hace referencia a las cuentas de consignaciones en las que se deposita dinero en concepto de garantías, fianzas o cauciones, aunque ahí no están computados los concursos de acreedores, muchos de los cuales que se mueren de asco por dejadez de administradores concursales para los que el tiempo no tiene mayor valor, mientras los activos se deterioran y se pierden importantes oportunidades de activar la economía y hacer negocio. Un lujo, un potencial económico, que este país no se debería permitir por mucho que los defensores del purismo garantista no se cansen en señalar que la media de jueces en relación a los países de le eurozona es muy inferior en España.

Sin que nadie busque vulnerar los derechos de los ciudadanos, proporcionando así una valiosa seguridad jurídica ni quebrar la actuación de un sistema que tiene la obligación de dar salida a procedimientos que estrangulan a miles de empresas y que mantienen inmovilizados miles de millones de euros, los analistas de referencia entienden que hoy la justicia, lejos de ser la solución, sigue siendo el problema de miles de empresarios que ven paralizados sus iniciativas por razones que muy pocos aciertan a entender, aunque los protagonistas del sistema judicial lo tengan claro: no tiene sentido que se exijan mejores resultados con menos medios y menos personas.

Parece que han pasado a la historia los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos distintos jueces por la concesión irregular de la administración de varios concursos de acreedores en plena efervescencia de las denominadas en su momento suspensiones de pago y el Consejo General del Poder Judicial estuvo diligente para detener una oleada de anomalías que decía muy poco a favor de los jueces, aunque lo cierto es que, incluso tras la reforma de la ley concursal en 2011, los jueces siguen teniendo barra libre para designar al administrador concursal que les parezca más oportuno.

Sin embargo, la exasperante lentitud de la Justicia en procedimientos que afectan a la actividad empresarial y deterioran potenciales posibilidades de hacer negocio continua siendo una moneda de curso legal, incluso aumentada y corregida hasta el extremo de que muchos empresarios ven en las demoras una respuesta de los jueces a la modificación que han experimentado sus retribuciones y condiciones laborales.

Las quejas arrecian en un momento en que la salida de la crisis se ha hecho patente y los concursos de acreedores no pueden eternizarse como tampoco lo pueden hacer los expedientes de dominio y los simples trámites administrativos en una corporación local cuando no hay tasas de por medio.

Una suspensión de pagos o un concurso de acreedores no puede durar indefinidamente, máxime cuando el procedimiento es limpio y no existe peligro de vulnerar derechos de terceros. Puede que haya razones de peso para ese alargamiento, máxime cuando se trata de empresas pequeñas con una masa de activos insignificantes o nulos y en donde los gestores concursales pueden llegar a no percibir remuneración alguna.

En efecto, no todos los concursos son rentables y ello puede afectar a la debida diligencia, teniendo siempre en cuenta que los administradores son los primeros que cobran su retribución, incluso antes que la Seguridad Social y Hacienda.

Expertos en la materia señalan que los administradores concursales cobran de la empresa que solicita el concurso de acreedores en función de un porcentaje sobre el pasivo y activo que declara la empresa concursada.

“En concursos de pequeño tamaño las cifras no llegan al 1% sobre los bienes y sobre la deuda de la empresa. Pero en los grandes concursos este pequeño porcentaje es mucho dinero. Así, en Afinsa la administración concursal se embolsó 16 millones de euros; en Martinsa-Fadesa cada administrador percibió la friolera de cuatro millones de euros”.

 
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