EN EL PUNTO DE MIRA

Una reforma fiscal que se quedó a mitad de camino

VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018  
Una reforma fiscal que se quedó a mitad de camino
19-JULIO-2014
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Redacción
@innovaspain

Cuando el gobierno español decidía el 5 julio del pasado año nombrar una Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario que se enmarcaba en el ambicioso plan de reformas emprendidas por España para poder salir de la crisis en una situación de cierta fortaleza, muchos fueron los observadores -Comisión Europea incluida- que consideraron que el ejecutivo de Rajoy había aceptado, por fin, el reto histórico de sacar adelante una reforma fiscal que colocara a España en la vanguardia y en materia tributaria. El viernes día 20, el Consejo de Ministro se encargaba de echar por tierra tales expectativas y paría un ratón en lugar de una reforma tributaria que situara definitivamente a España en el siglo XXI, a la vez que recordaba a los ciudadanos que una cosa es nombrar comisiones de expertos y otra cosa es hacer caso a sus miembros, algo similar a lo ocurrido con la comisión de sabios para la reforma de la Universidad y cuyas conclusiones dormitan en algún cajón del Ministerio de Educación.

De la trascendencia de la reforma fiscal aprobada por el gobierno da su exacta dimensión el hecho de que la casi totalidad de los medios de comunicación han optado por resaltar el asunto de las indemnizaciones por despido (asunto fiscalmente poco relevante) olvidando, en qué medida, lo acordado por el Consejo de Ministros corrige las deficiencias que afloraron durante la reciente crisis económica por la insuficiencia de recursos, ya que los ingresos públicos están muy por debajo de los de la UE 27 (37,8% del PIB frente al 45,7% en 2013), y por su ineficiencia recaudatoria, que quedó de manifiesto cuando entre 2007 y 2010 se perdieron 4,5 puntos del PIB de recaudación frente a apenas medio punto en la UE, diferencia que resulta excesiva incluso después de tener en cuenta la diferente intensidad de la crisis. Todo ello sigue reflejándose, tanto en una menor recaudación por IVA como por impuestos especiales. De igual, la imposición medioambiental es claramente inferior en España a la media europea, con tipos implícitos más reducidos sobre la energía.

De todo eso y más, hablaba la Comisión presidida por Lagares y las hemerotecas guardan sus conclusiones para quienes quieran conocer el grado de olvido al que han sido sometidas por el ministro Montoro, que ha optado por una fórmula de ajustes tributarios con claro tinte electoral.

Los expertos consideran que las medidas anunciadas por el gobierno no contemplan más allá del 50 % de las acciones propuestas por la llamada Comisión Lagares y desde luego deja al modelo fiscal español a mucha distancia de lo que se está imponiendo en buena parte de los países de la Eurozona con lo que ello supone de ocasión perdida.

Recordar que la Comisión Lagares planteaba reducir impuestos directos bajando los tipos de gravamen, compensando la bajada con la eliminación de beneficios fiscales; dar un impulso a los impuestos medioambientales y algunas recomendaciones sobre la financiación autonómica con vistas a favorecer la unidad de mercado; propiciar una devaluación fiscal reduciendo las cotizaciones sociales de las rentas más bajas, compensada con una reforma del IVA que ampliara la cesta de bienes que tributan al tipo general, pudiendo neutralizarse su impacto sobre el consumo mediante la reducción del IRPF o someter el fraude fiscal mediante, entre otras casas, la eliminación del sistema de tributación por módulos.

Al final, el gobierno ha decidido recoger parcialmente las recomendaciones del informe Lagares y ha sido vista con reticencias por la Comisión Europea, no tanto por lo que ha cambiado sino por lo que ha dejado fuera y expertos y analistas consideran que podría haber sido más ambiciosa en su apoyo al cambio de modelo productivo y, por tanto, en cuanto a su efecto sobre el crecimiento a medio plazo. Probablemente España seguirá recaudando significativamente menos que la UE: según la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, en 2017 el objetivo de déficit del 1,1% del PIB se conseguirá con unos ingresos públicos del 39% del PIB, cifra no muy distinta de la conseguida en 2013, 38,7% del PIB.

Expertos fiscalistas y analistas de distinto signo, convienen en señalar que el requisito indispensable para abordar una reforma fiscal en profundidad, como la que parece necesitar España, y equipararnos así a los modelos imperantes en la Eurozona, pasa por un cambio radical y una voluntad decidida en la actitud del Gobierno, algo que en esta ocasión tampoco se ha producido para desdoro del compromiso del gobierno de abordar reformas que modificaran patrones económicos y pautas de comportamiento ancladas en el pasado.

Así lo ha entendido la agencia de calificación crediticia Moody’s al poner de manifiesto que la reforma fiscal no cumple las expectativas e incrementa el riesgo de que España no cumpla con sus objetivos de déficit público para 2015 y 2016, lo que podría tener un impacto negativo en la calificación crediticia soberana (actualmente Baa2, con perspectiva positiva).

Por lo que respecta el fraude fiscal, nada parece que vaya a cambiar con respecto a los últimos datos que indican que Alemania dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que España, frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Algo similar ocurre con la persecución de la economía sumergida a la que España dedica el 0,13% del PIB, frente al 0,39% de Francia, el 0,29% de Alemania o el 0,24% en Italia.

 
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