EN EL PUNTO DE MIRA

Proyecto Castor: el que la hace no la paga

MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2018  
Proyecto Castor: el que la hace no la paga
17-NOVIEMBRE-2014
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Redacción
@innovaspain

El gobierno español ha decidido la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, reconociendo una compensación de 1.350 millones de euros a la empresa promotora Escal UGS controlada en un 66,7% por ACS y en un 33’3% por la canadiense Dundee Energy. La decisión gubernamental se adopta tras la renuncia al proyecto presentada por los promotores.

La millonaria compensación será abonada por Enagás, empresa controlada por la Sepi y Oman Oil Compan, que hubiera tenido el 33’3% una vez que se hubiera iniciado la explotación, siendo  el sistema gasista –los usuarios a través de la factura del gas- el que resarcirá durante un periodo de 30 años a Enagás para lo cual la empresa gasista ha cerrado un acuerdo con un sindicato de bancos para la cesión de los derechos de cobro reconocidos a la empresa por el gobierno español.

La hibernación de la instalación implica la prohibición de cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento y tendrá un coste anual sobre el sistema gasista, a partir de 2017, de 110 millones de euros, cantidad inferior al coste que tendría el complejo en el caso de estar en operación y que alcanzaría los 210 millones.

El proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Castellón y Tarragona, cesó la actividad debido al más de medio millar de  movimientos sísmicos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter que afectó a las poblaciones costeras, una vez que la concesionaria había empezado a inyectar gas colchón para comprobar que funcionaba correctamente.

Informes oficiales determinaron que esa actividad de inyección había afectado a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó los seísmos, lo que abrió la senda a considerar que faltaron estudios previos en el proceso de concesión del proyecto Castor, algo que fue determinado por el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional en sendos informe encargado por el Ministerio de Industria tras detectarse los seismos.

Expertos y ecologistas ponen en duda las condiciones en las que se produjo la concesión  y que dejan claras las deficiencias de cómo se realizan los estudios ambientales en los procedimiento de evaluación de impacto que se tramitan en España y cómo son analizados desde la Administración competente.

Las irregularidades que han terminado por cargar sobre las cuentas de los ciudadanos la inmensa factura que supone el cierre de la instalación Castor, no terminan ahí, ya que según la información aparecida en prensa existen dudas de que la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental incluyera estudios sobre los riesgos de sismicidad inducida de este proyecto. Los observadores entienden que si ello fuera cierto, resultaría una omisión inadmisible del promotor que la Administración no debió nunca pasar por alto. Pero incluso si hubieran existido dichos estudios, habría que analizar con qué nivel de detalle se hicieron, y replantearse si ese es el estándar que se viene exigiendo a otros análisis de impactos y riesgos ambientales de proyectos equivalentes, en cuanto a su significación ambiental. Los fallos, errores y ausencias van a costar a los consumidores 1.350 millones de euros más los ajustes a la inflación de los próximos treinta años.

El otro asunto sobre el que se extienden dudas hace referencia al mecanismo de financiación del proyecto Castor a través de los Project Bonds y que no supone riesgo alguno para las empresas participantes, ya que obliga al Estado a la retribución sobre el valor de las instalaciones si la plataforma no se abriera como ha sido el caso.

Como consecuencia de todo ello y dadas las dudas de que se pudiera hacer frente al pago pendiente a los acreedores de los intereses generados por la emisión de bonos, distintas agencias de rating rebajaron el valor de los bonos de Escal UGS al nivel de bono basura.

El resultado final de todo este proceso, sin entrar en consideraciones sobre la utilidad del citado almacenamiento energético, es que el que se hace cargo de los gastos (1.350 millones de euros) es, una vez más, el ciudadano, el consumidor, el contribuyente y van...

 
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